
Con la reciente publicación de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación y hablando de la revisión de cuentas públicas, una conclusión digna de resaltar es que, si bien ha habido avances en materia de fiscalización del manejo de los recursos y rendición de cuentas, todavía falta mucho camino por recorrer para establecer un combate efectivo a la corrupción y a la reticencia de la clase política gubernamental a la transparencia y a ser evaluada en su desempeño.
Dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y, en la medida que un pueblo no sea capaz de exigir a sus gobernantes eficiencia, honestidad, transparencia y resultados, los índices de corrupción, opacidad e ineficiencia seguirán, como siempre, a la alza, ante la apatía e indiferencia de una gran mayoría ciudadana que, con su silencio, se convierte en cómplice de la impunidad.
Nuestro sistema político ha promovido la distancia y los cacicazgos antes que la cercanía y la representación; así, por lo general, la gran mayoría de los ciudadanos somos reactivos antes que proactivos, es decir, que ante un hecho inminente, reaccionamos, antes que prever o prevenir sucesos de los que más tarde nos podríamos arrepentir, y dejamos que lleguen hasta el límite, donde se convierten en un verdadero problema.
Además, reaccionamos sólo ante aquello que nos afecta directamente en nuestra comodidad, y no prestamos la mínima atención a lo que les sucede a los demás. Esto es a lo que el sociólogo francés August Comte definió como el “síndrome del egoísmo social”, que debe servir de reflexión para darnos cuenta del extremo hasta dónde puede llegar una sociedad apática e indolente, cuya falta de participación es proporcional al grado de corrupción y de falta de transparencia gubernamental.
Al respecto, el Centro de Investigación y Docencia Económica deplora que nuestro país obtenga siempre calificaciones reprobatorias en cuanto a sus niveles de transparencia en el manejo presupuestal y en la ineficacia de sus sistemas de rendición de cuentas, según estudios realizados por esta institución. Esto nos habla de la necesidad urgente de una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones que son trascendentales para el país, como lo es el conocimiento del origen y destino del dinero que proviene de nuestros impuestos.
México también está muy abajo en la lista de Transparencia Internacional de las naciones con menos niveles de corrupción. Para enfrentar esta lacra ancestral, se requiere prevenir, sancionar y regular, por lo que se le debe facultar a la Auditoría Superior de la Federación con mayores atribuciones para castigar; además, se debe hacer cumplir la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como amarrar las manos a todos aquellos funcionarios que se relacionen con el manejo de recursos del erario.
En tramitología y burocracia, nuestro país también está reprobado, y el excesivo tortuguismo, así como la ineficiencia burocrática, generan corrupción y denotan la ancestral falta de transparencia por lo que, tanto las autoridades gubernamentales como la sociedad civil deberán trabajar unidas en el combate a estas lacras que han deteriorado nuestro sistema político, económico y social.
Definitivamente, hay qué redoblar esfuerzos para reducir en forma sustancial los niveles de corrupción, exigir una mayor transparencia al quehacer gubernamental y hacer más efectivos los sistemas de rendición de cuentas porque ya basta de la vergonzosa fama de saber que en nuestro país éstas son materias en las que siempre hemos reprobado; de ahí que el combate a la opacidad y la corrupción, son dos de los grandes retos que debe enfrentar el gobierno en sus tres niveles, con el apoyo vital de la ciudadanía.
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