El Presidente Felipe Calderón se comprometió a encabezar una cruzada contra la corrupción, en la que la sociedad tenga una participación más activa, a través de sus denuncias, además de que se otorgarán estímulos económicos a los ciudadanos que denuncien a funcionarios que incurran en ese tipo de prácticas. La iniciativa de Ley Federal Anticorrupción y las reformas a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos que presentó ayer el titular del Ejecutivo, pretenden contribuir a combatir ese flagelo y a recuperar la confianza en las instituciones.
El escritor y economista norteamericano Francis Fukuyama, en su obra, ya considerada como clásica, Confianza: las virtudes sociales y la creación de la prosperidad, asegura que “el bienestar de la nación, así como su habilidad de competir, está condicionado por una característica cultural singular y dominante: el nivel de confianza inherente en la sociedad”.
La confianza es un ingrediente vital para el desarrollo y la prosperidad de cualquier grupo social, o dicho de otra forma, que sería aplicable en nuestro país, el grado de desconfianza es directamente proporcional al nivel de subdesarrollo de una sociedad, lo que debe llevar a reflexionar en la necesidad que tiene el gobierno de adoptar medidas viables y ejecutar acciones concretas en aras de recuperar la confianza.
Teóricamente, la iniciativa presidencial puede contribuir a la recuperación de la deteriorada confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones; falta ver si en la práctica, no se dificulta pasar de las buenas intenciones a las acciones efectivas. Máxime que el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, destacó ayer que, en 2010, se registró el mayor número de personas denunciadas -mil 778-, casos y montos implicados en situaciones de corrupción, en comparación con todos los años anteriores.
De ahí la necesidad de que sociedad y gobierno emprendan un frente común para dar golpes certeros a ese cáncer social, promoviendo una cultura de cero tolerancia a ese fenómeno desde el hogar, la escuela y la empresa, así como en todas las dependencias de la administración pública.
La falta de confianza en las autoridades, la lentitud y los excesivos tramites que se deben realizar en los procedimientos burocráticos, así como el escepticismo hacia los resultados e incluso el miedo, son razones de mucho peso para que el ciudadano no denuncie los delitos; la ausencia de denuncias se convierte a su vez en uno de los principales obstáculos para la investigación y el esclarecimiento de hechos que afectan a la sociedad.
El cambio de actitud del servidor público al atender al ciudadano, la simplificación de los trámites administrativos y el combate a la corrupción que forma parte de nuestros sistemas de seguridad, procuración e impartición de justicia, pueden llevar a un aumento significativo de las denuncias y, por ende, al abatimiento de la impunidad, que es la principal ventaja con la que cuentan, tanto el funcionario corrupto como el delincuente, y que comienza cuando el ciudadano se abstiene de denunciar el delito, aún cuando tenga razones justificadas para ello.
Definitivamente el camino es largo y difícil pero debemos andarlo de manera conjunta, autoridades y sociedad civil, de tal forma que nos lleve a la meta, que será la de recuperar la confianza en nuestras instituciones. Para ello, es importante promover la cultura de la denuncia ciudadana, que será un antídoto importante para reducir de manera sustancial los elevados índices de corrupción e impunidad que imperan en el país y la región.
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